Legisladores acusan al presidente de presuntos conflictos de interés y señalan su responsabilidad en el colapso de Ueno Bank, cuyos servicios fueron suspendidos tras una intervención del Banco Central.
La crisis financiera de Ueno Bank abrió un nuevo frente político en Paraguay. Diputados de oposición presentaron ante el Congreso una solicitud de juicio político contra el presidente Santiago Peña, a quien responsabilizan por las consecuencias de la intervención de una de las principales instituciones bancarias del país.
La petición, entregada este miércoles, busca que el mandatario sea sometido a un proceso de destitución por presunto mal desempeño de sus funciones. El conflicto se desató después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank al detectar insuficiencia de capital, lo que derivó en la suspensión de sus servicios y en la organización de un mecanismo para devolver los ahorros a los clientes.
La dimensión del problema es considerable: cerca de la mitad de los 6.4 millones de habitantes de Paraguay tendrían una cuenta en esa institución.
El escándalo también provocó la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos del banco intervenido, entre ellos su director ejecutivo, Miguel Vázquez.
El documento presentado por los legisladores solicita iniciar el juicio político contra Peña por “el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”.
El diputado Mauricio Espínola, integrante del oficialismo que se ha distanciado de su partido, confirmó que la iniciativa reunió las firmas necesarias para ser discutida en la Cámara de Diputados.
Peña llegó a la Presidencia en 2023 para un periodo que concluye en 2028. Antes de asumir el cargo, mantenía acciones en un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, del cual se desvinculó en 2025.
El Congreso definirá si avanza el proceso
Para que la acusación sea aprobada en la Cámara de Diputados se requieren 53 votos de un total de 80 legisladores. La solicitud también contempla al vicepresidente Pedro Alliana.
En caso de superar esa etapa, el expediente pasaría al Senado, instancia encargada de desarrollar el juicio político. La destitución de los mandatarios necesitaría el respaldo de 30 de los 45 senadores, por lo que el resultado del procedimiento todavía es incierto.
Aunque el Partido Colorado, al que pertenece Peña, cuenta con mayoría propia en ambas cámaras, la postura de sus integrantes será determinante. La agrupación está encabezada por el expresidente Horacio Cartes, quien mantiene diferencias políticas con el actual mandatario y es considerado una figura influyente en las decisiones del oficialismo.
Señalan presuntos conflictos de interés
Entre los señalamientos de la oposición contra Peña figuran posibles conflictos de interés, manipulación de las regulaciones financieras, desvío de recursos previsionales y encubrimiento institucional por parte del Banco Central.
El presidente respondió que quienes hayan cometido irregularidades deberán enfrentar a la justicia, sin recibir ningún tipo de protección. Además, promulgó una ley con la que se busca agilizar la recuperación de los recursos de los ahorradores de Ueno Bank.
Durante la sesión legislativa, la diputada opositora Rocío Vallejo lanzó fuertes críticas contra el jefe del Ejecutivo y lo responsabilizó por el impacto que la crisis ha tenido entre los usuarios de la institución.
“Nunca antes nadie perjudicó en un solo día a 3 millones de personas en la República de Paraguay y usted lo logró, señor presidente (…) usted es el origen de este monstruo que ha creado”, afirmó antes de presentar la acusación.
Ahorradores protestan y crece la presión social
La situación financiera del banco también provocó manifestaciones en distintas zonas del país. Cientos de personas salieron a las calles para expresar su inconformidad con el Gobierno y exigir respuestas sobre el acceso a sus recursos.
En las sucursales de Ueno Bank se formaron largas filas de clientes que buscaban retirar sus depósitos. En algunos puntos, las protestas derivaron en enfrentamientos con elementos policiales, particularmente cuando un grupo intentó acercarse a la sede del Congreso Nacional y fue contenido por los agentes.
La preocupación también se extiende al manejo de recursos públicos. Ueno Bank mantenía depósitos por aproximadamente 850 millones de dólares provenientes de fondos estatales. De esa cantidad, alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, organismo público encargado de administrar recursos destinados a pensiones y servicios de salud en Paraguay.
El monto involucrado y el número de personas afectadas colocaron la crisis bancaria en el centro de la discusión política, mientras el Congreso analiza si existen condiciones para llevar al presidente ante un juicio político.
